El “caso De Miguel” y sus 26 imputados, el “caso Hiriko” o la decisión del Tribunal de Cuentas español que el próximo 11 de abril juzgará al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el presunto «perjuicio» causado a las arcas públicas en el “caso San Antonio”, ponen de relieve una realidad que poco parece tener de excepción en Araba.
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