Los analistas Angel Toña y Asier Imaz coinciden al subrayar la gravedad de que el Tribunal Supremo haya convocado un pleno para ratificar o modificar el fallo que establece que la banca, y no sus clientes, debe hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca. Toña habla de «caos», de una actuación «rocambolesca», incluso de «guerra civil» en el seno del Supremo. Imaz advierte de que «la banca utiliza la posición de fuerza que tiene a la hora de negociar el crédito para pasar al débil costes económicos que le corresponden a ella» y se lamenta de que «no hay dudas del poder de la banca sobre los aparatos del Estado».