La Ley por la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea sobre la Orden de Detención Europea arrancaba el año 2003. Gobernaba por aquel entonces José María Aznar en su segunda legislatura, y fue uno de los grandes impulsores de esta nueva forma de entrega entre Estados “amigos” que facilitaba ésta y acortaba plazos y trámites farragosos tales como la posibilidad de que ese otro Estado europeo pudiera revisar el fondo de esa petición de entrega.  Situémonos en el 2003: pleno albor de la política “todo vale”, “todo es ETA”, cierre de Egunkaria, torturas, detenciones preventivas, listados fantasmas que servían de excusa para detener y torturar personas que sin haber sido acusadas de haber cometido un delito concreto eran arrestadas “por lo que pudieran hacer en el futuro”, el que pretende hoy ser adalid de los derechos humanos, el sr. Garzón, enviando a prisión a miembros de la organización Askatasuna… Momento idóneo para impulsar una orden de detención que permitiera entregas sin entrar demasiado en la acusación concreta, las pruebas y ese tipo de cosas que suelen ser necesarias para sustentar un arresto. Parece una fecha lejana, pero a día de hoy, mayo de 2018, muchas de esas personas continúan en prisión y sus familiares estarán ya a jueves con los viajes organizados, pensiones reservadas, txikitxus mentalizados para horas y horas de viaje… y para los que, a pesar de los cambios en la actualidad política su plan de cada fin de semana no ha cambiado.

Detenciones para cuyos procedimientos no debían ser demasiado rigurosos, campañas en medios de comunicación que a veces rozaban lo rocambolesco… y una forma de hacer que podía calificarse de todo menos técnica o jurídica. Y pensaron trasladar esa forma de hacer a otros estados europeos, al albor de órdenes europeas que no tuvieran margen para fijarse en tecnicismos.

Pero más allá de estados colaboradores con las formas de hacer españolas, me estoy refiriendo al Estado francés, a día de hoy puede concluirse que este tipo de detención está más que denostada y las autoridades españolas se han mostrado incapaces (no hay más que ver la cantidad de euro órdenes rechazadas por no cumplir ni las misma formas) de demostrar que son capaces de justificar sus ansias de persecución política con un mínimo barniz jurídico. Tras las euroórdenes rechazadas ayer, no hacen sino quedar, una vez más, en evidencia.