El Parlamento Europeo ultima la creación de una subcomisión permanente de delitos fiscales y financieros que continuará los trabajos de las comisiones especiales de la pasada legislatura en las que se analizaron diferentes escándalos fiscales, como los llamados «Papeles de Panamá». Tanto el Grupo de Izquierda Europea como los Verdes han valorado positivamente su creación señalando que a partir de ahora el Europarlamento tendrá un instrumento para una actuación más proactiva en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Una visión que tal vez sea demasiado optimistas, sobre todo si se considera que las competencias fiscales continúan en manos de los Estados miembros y que, además,  las decisiones sobre cambios fiscales se deben adoptar por unanimidad. En ese proceso, el Parlamento Europeo solamente tiene derecho a ser consultado.

A pesar del escaso recorrido práctico de la subcomisión, su creación tiene un indudable valor político, al subrayar el compromiso de las instituciones europeas en la lucha contra el fraude fiscal. Una voluntad que en cierta manera viene forzada por el rigor que impuso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que ha obligado a importantes recortes en el gasto social, que han afectado especialmente a servicios y prestaciones públicas. Esta merma en el bienestar de la ciudadanía contrasta con el hecho de que empresas y sociedades apenas aportan al sostenimiento de los gastos comunes. La creciente conciencia de esa injusticia ha llevado a las instituciones a tomar medidas, puesto que muchas veces la misma ley es la que abre vías al fraude. Un caso paradigmático son las Sociedades de Promoción de Empresas, como la utilizada por el exsenador del PNV Victor Bravo y sus socios, cuyo juicio empezó ayer.

Las Sociedades de Promoción de Empresas no desaparecieron hasta que Bildu dio el primer paso en Gipuzkoa en 2013. El debate parlamentario ayuda a extender la conciencia, pero cada vez son más necesarios pasos prácticos.