Iratxe Urizar
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Juramentos

La asociación internacional “Encuentro de Profesionales contra la Tortura” ha presentado una nueva denuncia ante la Asociación Médica Mundial. Tal y como explican en su queja, firmada por varios médicos y psicólogos, el Servicio Médico Penitenciario tiene una posición de “descuido, abandono, crueldad que rebasa los límites de cualquier marco ético de los que rigen la profesión de médicos, las recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas y de ONUSIDA” en el caso del preso político vasco Ibon Iparragirre Burgoa.

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2017/06/28 12:30

No es la primera vez que esta asociación internacional denuncia ante este organismo con competencia mundial del ámbito de la profesión médica la forma en que los servicios médicos dependientes de la Administración española trata a los presos vascos. Lo interesante de estas demandas además, no es que se trate de denuncias ambiguas dirigidas a organismos o administraciones de manera general y no individualizada. No, estas denuncias se dirigen contra actuaciones concretas de profesionales concretos con sus nombres y apellidos, valorando su actuación y si la misma responde a la obligación que estos profesionales asumen o deberían asumir tras su juramento hipocrático.

El reino de España, como no podía ser de otra manera, es miembro de la Asociación Médica Mundial. De hecho, es firmante y miembro de todo mecanismo de protección de derechos humanos internacional que se precie. Otra cuestión es cumplir con las obligaciones que este hecho corresponde. La denuncia va dirigida contra varios miembros del equipo que atiende o ha atendido al joven de Ondarru, y además de recoger su situación grave estado de salud actual, subraya que la circular penitenciaria por la que se establecen los criterios para determinar pronósticos y en base a los mismos establecer si se cumplen los requisitos para ser excarcelados, atenta contra el juramento hipocrático y condena a muerte de facto a presos con graves enfermedades que no serán liberados sino en un último estadio de su vida y no atender a su obligación de ofrecer el mejor tratamiento posible y evitar la progresión de la enfermedad.

El caso de Ibon Iparragirre ya fue denunciado por la Organización Mundial contra la Tortura, que mostró su preocupación tanto ante el ministro de interior Juan Ignacio Zoido como ante el Magistrado José Luis Castro Antonio. No es la primera vez que esta organización que lucha contra la tortura denuncia y critica la actitud de las autoridades españolas.

Esperamos que Ibon sea excarcelado cuanto antes, que ya está siendo demasiado tarde. Las consecuencias de su permanencia en prisión son más que previsibles tristemente, y la denuncia presentada contra de los miembros del Servicio Médico Penitenciario de Alcalá-Meco por falta ética gravísima en los términos en los que se refiere a obligaciones que debían cumplir y no cumplieron es una muestra más de la dejadez en cuanto a tratamiento médico y salud que se sigue contra los presos en general y los vascos en particular. Dejadez que ya ha costado demasiadas vidas.

 

 

 

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